"Otra fórmula para fijar precio de los combustibles"
"El ministro de Minas del gobierno Pastrana, Luis Carlos “el Chiqui” Valenzuela, tomó la decisión que hoy estamos pagando –cara y claramente– los consumidores de diésel y gasolina".
Por Luis Fernando Velasco
Exministro del Interior
Aquí podemos quedarnos de nuevo como en la Patria Boba buscando responsables y olvidando poner el énfasis en la solución del problema.
¿Que el combustible se subsidia en Colombia? Sí, si seguimos pagando petróleo nacional como si lo importásemos de USA. Reconozcamos que el consumidor de gasolina paga por cada galón cerca de 2.600 pesos de impuestos.
Por ello insisto en mi tesis de cambiar la fórmula para liquidar el precio del barril de petróleo extraído en Colombia o, al menos, señalar de dónde podrían salir recursos frescos para estabilizar el precio de estos combustibles.
Sin ánimo de buscar culpables, permítanme plantear un contexto:
El ministro de Minas del gobierno Pastrana, Luis Carlos “el Chiqui” Valenzuela, tomó la decisión que hoy estamos pagando –cara y claramente– los consumidores de diésel y gasolina.
La fórmula actual, la cual determina que el barril de petróleo extraído del subsuelo colombiano se pague a precio internacional, ha generado durante más de dos décadas una injusticia económica.
Veamos: un barril de petróleo, cuyo costo real de producción en Colombia oscila entre 26 y 28 dólares, lo pagamos a 74 dólares (precio año 2024). El promedio histórico ha rondado los 80 dólares. Incluso la Nación, en algunos momentos, ha llegado a pagar por encima de los 130 dólares ese mismo barril. Lo que desemboca, a nivel local, en precios elevados, como si importáramos el combustible.
Al gobierno Duque le correspondía decretar las alzas necesarias y, al no hacerlo, le heredó ese entuerto (acumulado) al gobierno actual. Urge buscar soluciones para conjurar de una vez por todas el asunto de las alzas nuestras de cada año. No hacerlo implicaría la repetición de protestas paralizadoras de la economía, que podrían evitarse vía consensos.
Conocedor del tema, desde mi condición de congresista en seis períodos, le envié al gobierno una propuesta sugiriendo, respetuosamente, sea sometida a debate. Lo primero que debe considerarse es el cambio tajante de la fórmula “Chiqui” Valenzuela porque, al otorgar subsidios ventajosos al precio del combustible, se amputa la inversión social y los más pobres terminan pagando los platos rotos con la desprotección de sus derechos. Esa carga impositiva se le debe trasladar a las empresas extractoras, vengan de donde vengan, no a los transportadores ni a los comerciantes, y mucho menos a los hogares.
Propongo un impuesto progresivo al petróleo, sin que se desestimule la inversión en su extracción, que le entregue al gobierno –al actual y a los futuros– unos recursos frescos para paliar las necesidades de las poblaciones más necesitadas. El impuesto progresivo iniciaría cuando la cotización internacional del barril de este comodity esté por encima de los 50 dólares y se incrementará en la medida en que se eleve dicha cotización.
Es muy probable que, en el actual contexto internacional, los conflictos en Medio Oriente y Rusia-Ucrania terminen por disparar las cotizaciones del petróleo y ello, además de afectar las finanzas de la Nación, podría generar mayor conflictividad como consecuencia de la escalada alcista.
La sugerencia para el señor Presidente, y en especial para el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es crear una mesa de trabajo para evaluar la conveniencia o no de fijar la nueva fórmula en el marco de la Ley de Financiamiento, cuidando que se respete la transición energética.
Decir que un impuesto genera menor inversión para la actividad petrolera y, por ende, una menor producción de hidrocarburos es desconocer la experiencia de otros países productores. Tal es el caso de Ecuador, donde ensayaron con éxito fórmulas de este calibre que favorecieron el milagro vial con modernas autopistas y obras que le abrieron a ese país las oportunidades de desarrollo.
Ahora que ha retornado la calma, estamos ante el escenario propicio para escucharnos y, entre todos, aportar soluciones con el fin de evitar lo que nos dejó el último paro camionero: pérdidas irrecuperables por 120 mil millones de pesos, sin contar el desabastecimiento y la carestía de alimentos.
Es hora de que el país reme hacia el mismo lado con sentido de lo social.